ORDENAMIENTO JURÍDICO-PENAL COLOMBIANO BAJO EL INFLUJO DEL PRINCIPIO DE UTILIDAD DE CESARE BECCARIA Y EL PRINCIPIO REFORMATORIO PENITENCIARIO DE JOHN HOWARD
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Resumen
Cesare Beccar da un paso por alcanzar una nueva modificación al sistema penal de la época, enfocado en abolir la pena de muerte y minimizar o eliminar los castigos y tormentos físicos a los que están supeditados los sujetos acusados y aquellos agentes sentenciados; se estipuló una vital proporcionalidad racional entre el delito y su propio castigo, que resultó en un antecedente sólido de un sistema penal menos arbitrario en cuanto a la imposición de la pena. Se aborda un enfoque que tiene como propósito administrar una correcta impartición de la pena por medio de la técnica de la reclusión, vista como una instancia donde el sujeto se rehabilita en su totalidad a través de la penitencia y de la propia reflexión.
Las ideas estipuladas por Beccaria en un ámbito meramente penal disponen de un cambio fundamental en la manera de comprender las relaciones de poder cotidianas entre el individuo y las propias penas; entre lo determinado como acto o conducta punible y lo dispuesto para su castigo, y aquel análisis de la técnica jurídica entre el acto y su consecuencia; es en suma por medio de la adecuación de la realidad carcelaria que se vivía en la Europa del autor John Howard, y todos aquellos planteamientos reformatorios para dicho sistema, que se observa con claridad una reconstrucción del ordenamiento penal y el penitenciario cuyo énfasis radicaba en la dignidad humana del reo, ocasionando de igual manera, el precepto de la rehabilitación del condenado.
El presente artículo tiene como finalidad ampliar la perspectiva del principio de utilidad, de las relaciones de poder cotidianas y las reformas penitenciaras en pro del reo dentro del marco jurídico penal colombiano, sujetos a los planteamientos, postulados e influencias impartidas por autores como Cesare Beccaria y John Howard, tratados que son aplicados al sistema normativo del Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993).
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