LA TENSIÓN ENTRE LA EFICACIA ADMINISTRATIVA Y LAS GARANTÍAS DEL CONTRATISTA: RETOS Y PROPUESTAS PARA
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Resumen
La caducidad contractual, prevista en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993, constituye una de las manifestaciones más relevantes de las cláusulas excepcionales de la Administración, orientada a garantizar la protección del interés general frente a incumplimientos graves y directos del contratista. Sin embargo, la exigencia del procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 introduce una tensión entre la necesidad de eficacia administrativa —para evitar la parálisis de los contratos y garantizar la satisfacción de necesidades colectivas— y la obligación de salvaguardar las garantías procesales del contratista. Este artículo analiza la evolución normativa y jurisprudencial sobre la caducidad, su naturaleza sancionatoria, los límites materiales y procedimentales que la enmarcan, y propone alternativas de eficiencia que permitan equilibrar el principio de eficacia de la función administrativa con el derecho fundamental al debido proceso.
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