Los Convenios de Cooperación Internacional y su Regulación en Colombia

Abstract

Uno de los mecanismos que emplea el Estado moderno para cumplir sus
objetivos es la contratación pública (Santofimio, 2017). Así, aunque inicialmente
se aplicase las reglas propias del derecho privado, en la medida en que la
administración pública fue evolucionando y adquiriendo un desarrollo teórico
propio, la contratación de las entidades estatales fue incorporando principios
y normas que la fueron consolidando como un campo específico dentro
del derecho administrativo (Cassagne, 2011). En el caso de Colombia, esas
regulaciones han llevado a que exista el denominado “régimen de contratación
estatal” contenido en diversas normas, como es el caso de la Ley 80 de 1993
y la Ley 1150 de 2007 al igual que sus decretos reglamentarios, regulando
cada aspecto de los contratos estatales, en especial, en lo que se refiere a los
acuerdos de voluntades celebrados entre las entidades públicas y los particulares
(Benavides, 2014). Por otro lado, las asociaciones entre entidades públicas
tendientes a cumplir los fines estatales también han llevado a que se expida
una serie de normas a partir de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la
Ley 489 de 1998, para regular los llamados “convenios interadministrativos”
(Santos, s.f.).