Principia Iuris

REVISTA PRINCIPIA IURIS No. 47 Volume 22

Universidad Santo Tomás — jue, 14 may 2026 00:00:00 -0500

N/A

Editorial

Sergio Andrés López Zamora — jue, 14 may 2026 22:20:42 -0500

N/A

REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA

Fabián Andrés Herrera Lesmez — jue, 14 may 2026 00:00:00 -0500

Las luchas sociales a lo largo de la historia, han sido fundamentales para garantizar los Derechos Humanos en cada parte del mundo. Las manifestaciones y protestas ciudadanas han permitido visibilizar problemas graves y han llevado a cambios significativos, como la Independencia de Naciones y el establecimiento de la Democracia. Sin embargo, en Colombia, las marchas pacíficas a menudo se convierten en enfrentamientos violentos, cuando interviene la fuerza pública, lo que conlleva a que muchos de los manifestantes terminen heridos, desaparecidos o incluso muertos, mientras aquellos que son capturados son procesados y sometidos a juicios sin las mínimas garantías procesales.
La represión de las protestas sociales ha aumentado, con leyes que limitan el Derecho a la manifestación y catalogan a los manifestantes como delincuentes. Esto ha llevado a un uso arbitrario de la fuerza y a la estigmatización de las luchas sociales. El panorama actual de la protesta social en Colombia es preocupante, ya que el Estado no protege adecuadamente los derechos de los ciudadanos que se movilizan, lo que plantea serias interrogantes sobre el respeto a los Derechos Humanos.

LA TENSIÓN ENTRE LA EFICACIA ADMINISTRATIVA Y LAS GARANTÍAS DEL CONTRATISTA: RETOS Y PROPUESTAS PARA

Ricardo Arias Beltrán — jue, 14 may 2026 23:00:08 -0500

La caducidad contractual, prevista en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993, constituye una de las manifestaciones más relevantes de las cláusulas excepcionales de la Administración, orientada a garantizar la protección del interés general frente a incumplimientos graves y directos del contratista. Sin embargo, la exigencia del procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 introduce una tensión entre la necesidad de eficacia administrativa —para evitar la parálisis de los contratos y garantizar la satisfacción de necesidades colectivas— y la obligación de salvaguardar las garantías procesales del contratista. Este artículo analiza la evolución normativa y jurisprudencial sobre la caducidad, su naturaleza sancionatoria, los límites materiales y procedimentales que la enmarcan, y propone alternativas de eficiencia que permitan equilibrar el principio de eficacia de la función administrativa con el derecho fundamental al debido proceso.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DEL DERECHO A MORIR

Sergio Andrés López Zamora — jue, 14 may 2026 00:00:00 -0500

En el marco el desarrollo del ‘derecho a morir’, surgido a partir de la decisión individual de dejar de vivir mediando un riguroso examen que permita identificar una decisión aceptable para el sistema jurídico, respetando la individualidad y libertad del sujeto en un contexto garantista de dignidad humana, con este artículo se proponen los principios básicos que debería contener una política pública del derecho a morir.

LA DIFUSIÓN NO CONSENTIDA DE CONTENIDO ÍNTIMO COMO DELITO EN COLOMBIA COMPARADO CON MÉXICO Y ARGENTINA

Mariana Cubides González — jue, 14 may 2026 23:25:51 -0500

Los ciberdelitos sexuales han aumentado de forma alarmante entre los jóvenes, quienes están cada vez más expuestos a vulneraciones de su integridad y reputación a través del internet y las redes sociales. Aunque estas conductas pueden tener consecuencias graves para las víctimas, el Código Penal colombiano solo las contempla como "injuria por vía de hecho", lo que deja vacíos legales y limita la protección real de quienes las padecen. El presente artículo tiene por objeto realizar un análisis comparativo entre la legislación penal de Colombia y la normatividad de México (Ley Olimpia) y Argentina (Ley Belén), evaluando su enfoque respecto al delito de difusión no consentida de contenido íntimo y cómo estos lineamientos podrían adaptarse al contexto colombiano, prestando especial atención a las consecuencias de estos vacíos legales y su impacto frente la protección efectiva de las víctimas, atendiendo a las normas rectoras de la ley penal colombiana.

REFLEXIONES SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS: PROPUESTA DE UNA POLÍTICA DISCIPLINARIA EN COLOMBIA

Juan Carlos Galvis Martínez — jue, 14 may 2026 23:39:15 -0500

La historia de los abogados surge de la mano del Derecho, ya que uno no podría existir sin el otro. Esta relación ha traído consigo cambios históricos, en especial, en cuanto a la visión de cómo controlar la relación de los individuos en la sociedad. El posicionamiento, desde una función social, impuso cargas extremadamente grandes en aquellos obreros jurídicos, quienes debían estudiar y aplicar el derecho. De acuerdo con esto, la necesidad social de los abogados empezó a mostrar un posicionamiento, pues su actuar es transversal a la sociedad, ejemplo de esto, se da en la creación de las leyes, la defensa de intereses civiles, colectivos. Esta posición de la abogacía debe ser un tema de discusión, la búsqueda de estrategias para manejarla debe ser estratégica; es decir, la presencia de malas prácticas en la praxis del abogado genera desconfianza ciudadana y del sistema judicial, desde la mirada legal y moral. En este sentido, el derecho disciplinario surge como una de aquellas formas de orientarla hacia la rectitud de los abogados, sancionando conductas perjudícales para la sociedad y la profesión. No obstante, esta área no debería ser entendida con un fin sancionatorio, sino que el eje central y que guie la actividad del abogado sea la educación y prevención de estas, por lo tanto, el derecho disciplinario debe estar presente en todo el escenario profesional, aunado a la función preventiva del derecho sancionatorio como elemento de control social cumpliendo con el objetivo de evitar conductas que generen el reproche social.

ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORAL EN ZONAS DE CONFLICTO: EL CASO DE AQUITANIA (BOYACÁ)

Paula Andrea Rodríguez Ávila — jue, 14 may 2026 23:55:11 -0500

El presente artículo aborda el conflicto armado desde una perspectiva teórica que busca contextualizar y describir el escenario en el que se desarrolla este fenómeno en el municipio de Aquitania (Departamento de Boyacá, Colombia). Partiendo del reconocimiento de la configuración del territorio como un espacio disputado por diferentes grupos armados, lo cual vislumbra la presencia y complejidad del conflicto armado en dicho municipio. Este fenómeno sociopolítico ha afectado de manera diferencial a los territorios, sin que ninguno haya quedado indemne ante sus efectos. Por lo cual también, recoge y analiza datos sobre la ejecución de diversas prácticas que vulneran los Derechos humanos de las comunidades, haciendo énfasis en la necesidad de analizar y comprender la dinámica del conflicto armado y su impacto en la población de Aquitania.

JUSTICIA DE CALIDAD: UNA JUSTICIA A LA MEDIDA DEL SER HUMANO

Hoover Wadith Ruiz Rengifo — vie, 15 may 2026 00:02:18 -0500

La entrada en vigencia de la Ley 2477 de 2025 en Colombia marca un hito en la política criminal al introducir formalmente el concepto de "justicia de calidad", este artículo investigativo analiza dicha transición no solo como una reforma procesal orientada a reducir la congestión judicial, sino como una ruptura epistémica profunda con el modelo dogmático tradicional de influencia alemana. Se propone que la justicia debe ser un servicio orientado al ser humano, que responda a sus necesidades con equidad, objetividad y eficacia, priorizando la reparación integral de las víctimas sobre la mera retribución punitiva.
El núcleo de la investigación reside en la propuesta de la "descreación" de la dogmática penal. Se califica la dogmática tradicional como una "higuera estéril" que, en su afán por la coherencia interna y la abstracción metafísica, se ha desconectado de la realidad social y de los desafíos del siglo XXI. Frente a este "narcisismo jurídico", se defiende la pragmática penal, entendida como una praxis situada que busca soluciones efectivas a problemas concretos en lugar de verdades abstractas. Esta nueva visión se articula a través de un triple enfoque filosófico:
Por una parte, Ontologicista: Sitúa al ser humano y su dignidad como núcleo innegociable del sistema. Realista: Exige resultados medibles, eficacia en la resolución de conflictos y una interpretación del derecho basada en hechos y no en ficciones y por ultimo Posempirista: Reconoce e integra las emociones, relatos y subjetividades de las víctimas como elementos legítimos del proceso judicial.
Se argumenta que mecanismos como los preacuerdos, la mediación y el principio de oportunidad son las herramientas predilectas de la justicia moderna para remediar el conflicto de forma ágil y restaurativa. Asimismo, el artículo explora el impacto de la "erade los datos", donde la correlación sustituye a la causalidad, permitiendo que la ciencia penal utilice algoritmos y patrones complejos para entender la criminalidad contemporánea, desplazando los modelos teóricos rígidos del siglo XIX.
Finalmente, se realiza una crítica severa a los "problemas inversos" presentes en la praxis judicial, denunciando que la figura de la "inferencia razonable" es a menudo una conjetura que intenta adivinar autorías a partir de resultados deseados. Se concluye que el juez moderno debe abandonar la aplicación mecánica de la ley para actuar como un ser sensible capaz de remover barreras que impidan la justicia real. En definitiva, la justicia de calidad representa el tránsito hacia una civilización jurídica que busca prevenir, proteger y remediar.

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA DEL DERECHO PENAL FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS. UN ANÁLISIS DESDE LA FILOSOFÍA POLÍTICA*

Carlos Forero Hernández — vie, 15 may 2026 00:00:00 -0500

Este artículo analiza el principio de intervención mínima del derecho penal en el contexto del lavado de activos, sugiere que el enfoque sancionatorio actual está resultando insuficiente para combatir eficazmente este fenómeno. Se plantea que, más allá de la dogmática jurídica, es necesario abordar el problema desde la filosofía política, posicionando a la ética como la herramienta idónea para la prevención del delito. El lavado de activos se define como el proceso de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas.